Federación ASEM aplaude la aprobación del nuevo baremo de valoración del grado de discapacidad

Este nuevo decreto ley, aprobado este martes 18 de octubre, sustituye al anterior que databa de 1999, dando respuesta a las demandas legítimas de un colectivo formado en España por 4,38 millones de personas (según el INE). Este nuevo decreto adopta “el modelo biopsicosocial propuesto por la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud de la OMS.”

Desde Federación ASEM celebramos este necesario avance en lo que supone la puerta de entrada al reconocimiento de derechos y recursos para las personas con discapacidad, así como el avance de un modelo médico-rehabilitador, a uno de vertiente más social. Dicha evolución en la manera de describir y entender la discapacidad nos acerca más al modelo que se recoge en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, la cual es una de las principales líneas de reivindicación de Federación ASEM.

Este nuevo baremo establece unos criterios objetivos para la valoración en todo el territorio del Estado, garantizando una acceso en igualdad de condiciones. Además, se amplía la mirada y comprensión de la discapacidad, teniendo en cuenta la interacción de componentes de salud, sociales, de participación, contextuales y económicos, así como se dota de mayor protagonismo a las barreras y falta de accesibilidad a las que se enfrenta la persona.

Otro de los puntos a destacar en el nuevo decreto ley, es la puesta en funcionamiento de un trámite de urgencia para calificar el grado de discapacidad en causas humanitarias o de especial necesidad social, como en los casos de violencia de género o de enfermedades neurodegenerativas de avance rápido como lo son algunas enfermedades neuromusculares.

Sin embargo, desde Federación ASEM seguimos reivindicando que estos avances en papel se traduzcan en mejoras en la calidad de vida y atención a las persona con discapacidad, lo cual solamente se puede conseguir destinando los fondos suficientes para reducir listas de espera y hacer efectiva la reducción de desigualdades territoriales y entre diferentes discapacidades.

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